En los últimos años se ha venido incrementando el volumen de un discurso catastrofista que viene avisando de la (siempre inminente) insostenibilidad del sistema de pensiones, o de la Seguridad Social

Desde el inicio de la crisis, la evolución de los datos parecen estar corroborando las previsiones más alarmistas: el “Fondo de Reserva de las Pensiones” ha perdido casi la mitad de su valor (y descendido desde un máximo de 66.815 millones de euros en 2011  a los 39.520 millones de euros remanentes en este momento). Por otro lado, el fin del ciclo de bonanza económica vivido bajo la burbuja paralizó la afluencia de migrantes y provocó la salida de españoles en edad de trabajar. España vuelve a encarar el envejecimiento que le acecha desde que su natalidad bajó de la “tasa de reposición” de 2.1 hijos por mujer allá por 1980. En numerosos informes se nos previene de las dificultades que sufrirá nuestra economía debido a la alta “tasa de dependencia” (personas de más de 65 años frente a personas en edad de trabajar) hacia la que estamos abocados.

Fotografía de unos ancianos japoneses hacia 1890. Museo Oriental de Valladolid.

Intuitivamente, sin embargo, este tremendismo se antoja extraño al ojo más ingenuo. Sorprende que se nos diga con tanta insistencia que a España le va a faltar fuerza laboral. Sólo un 74,2%* de nuestra población en edad de trabajar se encuentra activa (por encima de la media de la zona Euro de 72,3%, pero aún mejorable) y, sobre todo, un 22,2% de paro mantiene a casi un cuarto de nuestra población activa fuera del circuito económico, mientras un 15,8% trabaja a tiempo parcial.

Esta intuición se muestra cierta. Como apuntaba recientemente Fernández Cordón, la tan traída ratio de dependencia es un mero dato demográfico, cuyo uso como indicador de sostenibilidad económica es falaz. Tal y como señala el demógrafo, lo importante es el PIB generado y cómo lo distribuimos. De hecho la la realidad es aún más halagüeña si, en lugar de fijarnos como hace Fernández Cordón en el PIB absoluto, consideramos el PIB per cápita: un país cuya población está por debajo de la tasa de reposición puede sufrir un estancamiento del PIB y a pesar de ello disfrutar al mismo tiempo de creciente renta por habitante a medida que su población disminuye. Este efecto se está dando ya en Japón (del cual hablaremos con detalle en otra ocasión).

Una vez asumimos que un país en proceso de envejecimiento no tiene por qué ver disminuir su renta nacional (y ninguno de los que ya están inmersos en el proceso apunta en esa dirección), no puede sino sorprender la afirmación de que una España con igual o mayor PIB per cápita en 2040 que en 2015, sufrirá un problema en la sostenibilidad de un sistema que garantice ciertos niveles de renta a parte de su población. La forma en que repartamos ese PIB no será un asunto técnico, de sostenibilidad, sino puramente político, de distribución.

Las constantes llamadas a una transformación del sistema de pensiones actual hacia otros mecanismos van desde las simples recomendaciones de racionalizar y disminuir el gasto (es decir, las pensiones que perciben los ciudadanos), a sugerir sistemas mixtos con parte de las pensiones en forma de “capitalización”: el dinero cotizado por el trabajador se va invirtiendo en productos financieros, ya sea por entidades públicas o privadas, y el contribuyente lo recibe mediante cálculo actuarial de vuelta al final de su vida laboral.

Las propuestas más atrevidas demandan una privatización completa del sistema, dejando todo el ahorro de los trabajadores en manos de entidades financieras, que lo introducirán en los mercados hasta convertirlo en pensión a la jubilación del titular (sistema que tan magros resultados ha proporcionado en su laboratorio de experimentación chileno). No entraremos aquí a detallar la obviedad de los intereses a los que beneficiaría, y por tanto seguramente alientan, semejante sistema.

El discurso, casi homogéneo desde las posiciones ortodoxas de la economía, y particularmente de los que realizan informes a cargo de autoridades estatales y europeas, ha recibido hasta tiempos recientes contestación débil y de limitada solidez. Pareciera que el ataque basado en inapelables datos demográficos hubiera desarmado a los defensores del estado del bienestar.

Pero por fin están empezando a surgir, desde posiciones socialdemócratas, retos más profundos al discurso que un mero aferrarse al sistema actual y buscar soluciones dentro de él. Aunque las propuestas de destinar impuestos desde los presupuestos generales del estado al pago de las pensiones (reduciendo otras partidas) existen desde hace tiempo, Luz Rodríguez rompió por fin recientemente el melón del sistema actual al cuestionar que en ningún sitio está escrito que las pensiones deban pagarse únicamente con cargo a cotizaciones sociales y no deban y puedan utilizarse impuestos para financiar el sistema de pensiones.

La propuesta de la Secretaria de Empleo del PSOE es un paso en la dirección correcta: determinar primero el sistema de protección social que el país desea (decisión política), y después cómo financiarlo (solución económica). Al igual que lo es la idea sugerida por sus compañeros de Economistas Frente a la Crisis Borja Suárez y Antonio González, de un impuesto a todo tipo de rentas que financiara el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema de seguridad social.

Ocurre, sin embargo, que estas propuestas caen en la habitual inercia de considerar la existencia de un sistema de pensiones que puede entrar en déficit, sufrir “desequilibrios”, o crisis de forma que pueda resultar insostenible. La realidad es mucho más cruda y sencilla. El sistema de la Seguridad Social simplemente no existe.

La Seguridad Social no es un ente autónomo del Estado. No es una empresa pública, ni una agencia regida por reglas y normas propias con independencia formal (como podría ser el Banco Central de un país con soberanía monetaria, por ejemplo). La seguridad social es un brazo más del Estado, y la consolidación de sus cuentas de forma paralela a los presupuestos generales del Estado es un mero artificio contable sin ningún efecto real.

Es el Estado quien decide qué se financia y qué no con cargo a las recaudaciones de la Seguridad Social. Economistas de toda condición defienden que las pensiones son “salarios diferidos” que el trabajador entrega a la Seguridad Social para recuperarlos cuando se jubile, y que de esta forma se genera un derecho a percibir pensión. Pero así son considerados también los subsidios de desempleo, igualmente dependientes de la cotización a la Seguridad Social, y cuyo presupuesto se consolida con transferencias desde el Estado.

Esta ficción sobre las cuentas de la Seguridad Social se da tanto por el lado de los gastos como de los ingresos. Los gastos atribuidos al llamado sistema de la seguridad social no están definidos de forma indeleble, sino que variaron de forma notable con las reformas del Pacto de Toledo. Actualmente esta contabilidad incluye las llamadas pensiones contributivas, pero también otras que en puridad no lo son, como las de viudedad y orfandad, puesto que sus receptores no han contribuido personalmente al sistema. El gobierno actual pretende también “sacar” estos últmos tipos de pensiones del sistema, demostrando de nuevo que éste no es más que una extensión de sus atribuciones, sin independencia alguna.

Más allá de la arbitrariedad sobre qué pensiones se consolidan en una cuenta del Estado llamada sistema de pensiones, y cuáles en otra llamada Presupuestos Generales del Estado, la idea de que una de esas cuentas, pueda ser “insostenible” resulta de todo punto absurda. Me permitiré hacer una analogía simplista: pongamos que yo dispongo de dos cuentas en el banco: a una la denomino Alquiler y sólo deposito en ella los salarios de mi trabajo. Ni mi casero ni ningún juez aceptaría que yo deje de pagar la renta de mi vivienda si se diera el caso de que he perdido mi empleo y dicha cuenta Alquiler ha quedado a cero, si en otra paralela dispongo de ingresos estables y cuantiosos procedentes, pongamos por ejemplo, de mis exitosas inversiones financieras

Curiosamente, cuando el balance de la contabilidad de esa cuenta de Seguridad Social arrojaba superávits, éstos se han acumulado en el famoso Fondo de Reserva de las Pensiones. Dicho fondo luego dedica más de la mitad de sus recursos a comprar deuda pública del Tesoro. Esto no puede describirse de otra manera que el Estado prestándose a sí mismo. A interés.

Las denominadas cotizaciones son un concepto más peliagudo aún si cabe. A menudo se cuestiona si existe la posibilidad de financiar las pensiones con impuestos. La disonancia que uno sufre al oír esto es qué hace de las cotizaciones un concepto distinto de los impuestos. Aunque desde el punto de vista legal existe un acalorado debate sobre si las cotizaciones deben considerarse un tributo o no, desde el punto de vista económico no cabe duda de que las cotizaciones son meros impuestos sobre la renta laboral (véase por ejemplo aquí, pág. 238).

Al fin y al cabo, por más distinción que se haga formalmente entre cotizaciones pagadas por empresario o trabajador, desde el punto de vista del empleador, todo es simplemente coste salarial. Al pagador le interesa lo que le cuesta emplear un trabajador, poco le importa si ese dinero va a la Seguridad Social, a pagar impuestos sobre la renta o al bolsillo del propio empleado. Al empleado tampoco le supone gran diferencia cómo contabilicemos todo el dinero que el empleador gasta en él pero no llega a cobrar porque va a las arcas públicas. Solo le interesará en tal caso los derechos que genere. Y estos derechos no están determinados en el momento de realizar el pago, puesto que el Estado no ha tenido empacho de ir variando las condiciones y cuantía de las jubilaciones con el tiempo, sin que éstas guarden ningún tipo de equivalencia contable con las supuestas aportaciones al sistema.

Siendo la Seguridad Social un mero artificio contable en las cuentas estatales, su “sostenibilidad” es, ni más ni menos, la del propio Estado. Mientras el Estado sea solvente, no cabe hablar de un colapso del sistema de pensiones. Esta doble contabilidad del Estado tiene además un lógica de difícil comprensión. Sus justificaciones no suelen pasar de lo meramente formal y, como apuntaba el Profesor Muñoz de Bustillo recientemente en un interesante debate con los colegas de EKO, se explica sobre todo históricamente y por su evolución a partir de sistemas de previsión. Pero herencia y costumbre no se consideran buenas guías de la política económica de un país, al menos desde que decidimos abolir el diezmo.

El problema con abandonar esta ficción y admitir que las pensiones no son más que una transferencia del estado, y las cotizaciones un impuesto oculto bajo un disfraz de legalismos, es que nos obligarían a enfrentarnos con realidades muy desagradables a un lado y otro del espectro político.

Por un lado, asumir que las cotizaciones son un impuesto al trabajo nos llevaría a preguntarnos qué sentido tiene en nuestro estado un tributo de carácter obscenamente regresivo. No solo es un impuesto pagado únicamente por los asalariados, con un tipo único (35,55% incluyendo las cotizaciones por desempleo y al FOGASA) independiente de la cuantía de la base, sino que además dicha base está limitada a un máximo (actualmente en 3.606 euros) a partir del cual no se cotiza. Es decir, personas con salarios estratosféricos como directivos de consejos de administración sólo pagarán el 35,55% de los primeros 3.606 euros de su salario, independientemente de la cuantía total a la que ascienda éste.

Por otra parte, si considerásemos que las pensiones no dejan de ser transferencias del estado para garantizar una vida digna en la vejez, no se entiende que las personas que no han tenido la suerte de trabajar legalmente lo suficiente para alcanzar los supuestos de pensión contributiva (y en la precariedad reinante esto es cada vez más un lujo que una normalidad), reciban cantidades míseras muy por debajo, no ya del salario mínimo, sino incluso de la línea de pobreza. Es más, entre aquellas personas que sí reciben la tan ansiada pensión contributiva, el estado transfiere cantidades mayores a aquellos que han demostrado una mayor capacidad económica (y por tanto pudieron ahorrar más durante su vida laboral), algo totalmente incomprensible y que atenta directamente contra los más básicos principios de equidad que una dotación pública debe satisfacer.

En resumen, un debate sensato sobre la forma en que queremos asegurar del bienestar de las personas que salen de la edad laboralmente activa, debe empezar por ser honestos intelectualmente. Ello implica asumir que no existe un sistema de pensiones, sino tomarlo por lo que realmente es, una serie de impuestos al trabajo por un lado y transferencias estatales por el otro.

Esta idea resultará escandalosa para mucha gente bienpensante que tenga dificultades para desembarazarse de conceptos procedentes de la herencia y la costumbre. Sin embargo, no es más que la conclusión lógica de llevar hasta el final líneas de razonamiento aceptadas ya por amplias capas de la academia y la política.

Y en realidad tampoco es nada nuevo. Algunos autores como el profesor Boix Palop llevan años denunciando el carácter regresivo de estas particulares transferencias y abogando por “acabar con la Seguridad Social”.  Sus propuestas coinciden con otros autores que reclaman una pensión mínima decente para todas las personas a cargo del estado.

La única (y modesta) aportación al debate que presento aquí es hacer notar que en realidad dicho sistema no existe, fuera de un entramado burocrático y una serie de ficciones contables.

* Los datos del mercado laboral proceden íntegramente de EUROSTAT excepto trabajo a tiempo parcial (INE 2º trimestre).