Varoufa

Yanis Varoufakis y el Comisario Europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici

Vaya por delante que soy un gran admirador de Yanis Varoufakis. Llevo leyendo al profesor griego desde al menos 2012, y su análisis de la situación en la UE siempre me pareció enormemente instructivo y certero. También considero que en su labor al frente del ministerio de finanzas griego hizo lo que debía: tratar de hacer entrar en razón a los gobiernos de la Eurozona mientras se preparaba un plan alternativo con el que enfrentarse a ellos si no dejaban otra opción. Fue su jefe, el Primer Ministro Tsipras y su gabinete, el que no permitió a Varoufakis declarar suspensión de pagos al BCE, dejando al país heleno atrapado en una encerrona.

Tampoco disiento de la nueva senda que ha tomado Varoufakis con su propuesta DiEM25, que en España se ha plasmado en un nebuloso movimiento llamado “Plan B Europa”. Por criticable que sea la forma o la falta de concreción con que se ha plasmado, la idea de Y.V. es la única solución remotamente acertada para la crisis del euro: recuperar la soberanía de los ciudadanos sobre importantes decisiones económicas, democratizando el funcionamiento de las instituciones que las toman.

El problema es que debemos ir pensando ya en qué viene después porque, como él muy bien sabe, eso no va a ocurrir. El mismo Varoufakis hace referencia de forma constante en sus últimas intervenciones al origen de la UE como un cártel del carbón y del acero, una mera burocracia centrada en fijar precio al servicio de industrias pesadas, como lo es la OPEP respecto al petróleo. La UE, explica el ex-ministro, evolucionó a partir de ahí y trató varias veces de crear una moneda única para  facilitar la fijación de precios en Europa, hasta que lo consiguió.

De nuevo el análisis de Varoufakis es absolutamente certero: la UE es estructuralmente una institución pensada por y para el beneficio de intereses económicos, industriales ayer, quizás menos tangibles hoy en día. Y es por eso que en realidad resulta impensable la idea de democratizar dicha estructura. Un cártel no puede ser democrático, atentaría contra su propia esencia que toma decisiones en base a controlar el mercado. Las instituciones europeas  sólo podrían ser democráticas si son disueltas y comenzamos la construcción desde cero, porque cualquier forma de auténtico control democrático introducido en las existentes las destruiría.


La Unión Europea y los Grupos de Interés

Hace unos tres meses, el estupendo blog de @nmjqmi publicó una serie de tres comentarios sobre la acción de los lobbies y su relación con los think tanks y con los medios de comunicación, dando interesantes ejemplos sobre España. Sin embargo, es en la UE donde la actividad de estos grupos de presión disfruta de inusitada lozanía. La UE es el ecosistema perfecto para ellos, y de hecho el estudio de dichos grupos está ganando fuera en ciertos sectores de las ciencias sociales.

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La UE fue ya teorizada como un paraíso de lobistas. Las teorías de integración asumían que la entrada de intereses privados en las instituciones europeas las ayudaría en su toma de decisiones, ofreciendo conocimiento especializado de cada sector y supliendo así las carencias de una limitada burocracia a la que se le pedía que interviniese en los temas más variados. Dado que la labor de la Comunidad Europea era eliminar barreras nacionales a los movimientos de mercancías y capitales, los expertos invitados lo eran siempre de sectores corporativos, lo que les permitió tener status de “insider” desde los inicios de las instituciones europeas.

Así pues estos grupos llevan cómodamente instalados en Bruselas desde los años 50 y su influencia no ha hecho sino aumentar, especialmente con la creación del mercado único y el tratado de Maastrictch. La propia Comisión Europea contaba en 1992 unos 3.000 grupos de presión en Bruselas, (cuatro veces los presentes en 1985) y a día de hoy las estimaciones oscilan entre 15 y 20 mil lobistas (individuos y empresas). De ellos, solo una sexta parte serían grupos de interés público, como ONGs ó entes públicos, siendo el resto grupos de corte empresarial.


Deficiente regulación

La Comisión Europea es la institución donde los grupos de interés están más integrados. A pesar de haber visto disminuir sus competencias con el Tratado de Lisboa, a día de hoy la CE sigue teniendo la capacidad exclusiva de iniciativa legislativa en la UE. Como es una burocracia desbordada por la cantidad y diversidad de asuntos sobre los que debe legislar (o proponer legislación al Parlamento, siendo más exactos), la Comisión recibe encantada el asesoramiento “técnico” en todas las áreas a través de los grupos de expertos donde se incluyen asesores externos que provienen de los sectores afectados. Hay unos 7.500 lobistas formando parte de estos grupos, básicamente legislando para la UE en nombre de los intereses a los que representan.

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El Parlamenteo  Europeo ha regulado hasta cierto punto los lobistas en su seno, y conminado a la Comisión a hacerlo también, con continuas llamadas de la Defensora del Pueblo Europeo a su implementación. Se han dado serios conflictos entre las instituciones, con el Parlamento congelando las partidas presupuestarias de la CE para presionarle a tomar medidas. Estas situaciones siempre se han resuelto con compromisos de la Comisión de adoptar ciertas medidas que después nunca se llevan a cabo, o incluso con la descongelación de los fondos de forma ejecutiva por la propia Comisión, en contra de lo votado en Parlamento.

La Comisión ha continuado con sus prácticas, en ocasiones haciéndoles lavados de cara y llamando “consultas con la sociedad civil” o con “partes interesadas” a grupos en que se incluyen a expertos procedentes de asociaciones empresariales. Las grandes empresas logran así muchas veces una doble presencia, ya que pueden enviar a sus agentes tanto en representación de la empresa como de la asociación sectorial correspondiente, que normalmente dominan.

En comparación con EEUU, las medidas tomadas en la UE para dotar de transparencia a las prácticas de cabildeo son deficientes. La Iniciativa de Transparencia Europea de 2005 estaba muy por debajo de la Federal Regulation of Lobbying Act estadounidense de 1946, por no hablar ya de la US Honest Leadership and Open Government Act que Obama implementó en 2007.

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Con respecto a los Think Tanks, sus actividades se están ya regulando también en EEUU, siendo evidente de que se trata también instrumentos de presión financiados por grupos empresariales. Su utilidad es proporcionar argumentos con una pátina académica, o coordinarse para formar consensos y desacreditar ideas contrarias a sus intereses. Algunos, como “Friends of the European Commission”, son creados directamente por políticos salidos de las instituciones europeas, que capitalizan así los contactos y  conocimiento adquiridos durante su servicio público, poniéndolos al servicio de intereses privados.

Sí, una UE democrática sería la única forma de terminar esta crisis, pero su naturaleza impide cualquier transformación en este sentido. El servicio a los intereses privados está en el ADN de las instituciones comunitarias, y algunas de ellas, como la Comisión, sencillamente no serían capaces de llevar a cabo sus funciones independientes de los grupos de interés que las “asesoran”.

Al fin y al cabo, nadie sería tan ingenuo de pretender que los jeques del golfo democratizasen la toma de decisiones en la OPEP.