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Caricatura de 1818 que muestra a un explorador europeo ‘rechazando la mano’ de la hija de un jefe tribal africano. Las investigaciones científicas cumplen, en muchas ocasiones, análoga función. Fuente: britishempire.co.uk

La semana pasada nos sorprendíamos con la publicación, por parte del Fondo Monetario Internacional, de un informe en el que criticaba su propia actuación en la gestión de la crisis de la deuda de la Eurozona. Reconocía el informe lo que algunas voces extraviadas habían clamado: era esperable que las recetas a aplicar fueran a causar estragos en los países intervenidos, pero como lo que estaba en juego eran la continuidad del Euro y el dinero de los bancos de los países del Norte, pelillos a la mar.

Sorprende no que el FMI esté buscando nuevo espacio para colocar su recetario de políticas-debidas-de-la-temporada-de-verano-2016, políticas que ampliamente difieren en cuanto a sentido y contenido  de las que fueron recomendadas en aquellos maravillosos años del austericidio. Decíamos: no sorprendía por ese cambio de chaqueta, sino por su rotundidad en la autocrítica.

De una forma fundamental, llamaba la atención el ataque que se desprende del informe a las fuentes propias en las que se habían basado las decisiones últimas sobre la intervención de la troika en Grecia. Se interrogaba el FMI por los criterios para decidir esa intervención y concluía que, en fin, había primado más una cierta simpatía hacia el establishment europeo (el Banco Central Europeo y los bancos del Norte) que un “análisis riguroso” sobre las políticas que podían resultar más beneficiosas al país en el que se iban a implementar. En cierto modo, el FMI se estaba auto-cuestionando la honestidad de un trabajo con unos “errores de cálculo de magnitud extraordinaria” que validaron unas políticas que eran previsiblemente las erróneas y que inmolaron un país ajeno.

Errores técnicos o mala praxis: la honestidad en la producción científica, una cuestión nada novedosa

Este informe pone sobre la mesa una serie de cuestiones de gran relevancia. Una vez más, queda al desnudo el discurso que eleva a las Ciencias Sociales a un lugar que no les corresponde: el de Ciencia stricto sensu. Las Ciencias Sociales afrontan unas enormes dificultades, fundamentalmente epistemológicas, que hacen muy difícil que de ellas se deriven resultados normativos.

Sin embargo, complementariamente, las Ciencias y, en particular, las Ciencias Sociales, son herramientas potentísimas de poder. Ello se debe, en gran medida, a su capacidad para generar conocimiento e información. Un trabajo científico se elabora a partir de información, normalmente dispersa, que se recoge, sintetiza e interpreta. Se convierte en una pieza de información en sí misma, y esta puede servir de base tanto para el desarrollo de una serie de políticas públicas, como para invertir en el mercado o decidir el destino de un viaje. Sería en esa capacidad de ser fuente de información en la que las Ciencias se enfrentarían a su mayor reto: su exposición a la mercantilización (ergo, su riesgo de corrupción) y, en definitiva, a su utilización espuria. La Ciencia como commodity.

El habitual desdén con el que actúan quienes no reconocen estos retos ni tienen en cuenta estas  limitaciones ha cargado de razones a los que dudan de la buena fe en la producción científica y a quienes acusan de malas prácticas a los investigadores. Esto traería a colación, por un lado, una cuestión fundamental: las responsabilidades que podrían o deberían derivarse de estas malas prácticas. Cuando de la diligencia de un científico depende el pan de muchas bocas, su negligencia debería tener una penalización correspondiente y proporcional al daño que causa. Y su actuación dolosa, aún más. Sin embargo, lo que nos atañe en este artículo no son tanto las consecuencias legales que deberían derivarse de la mala praxis científica y en concreto en el ámbito de las Ciencias Sociales. La intención es poner de relieve la existencia fehaciente, sostenida y evidenciada históricamente, de esas malas prácticas.

En los últimos tiempos se ha producido un cuestionamiento más o menos generalizado del trabajo de algunos científicos sociales.  Localmente, hemos visto en este extendidísimo periodo electoral en España -que aún no ha terminado-, cómo se discutía el papel de politólogos y sociólogos a la hora de anticipar o predecir resultados electorales. No solo se ha puesto en duda la capacidad de las disciplinas para generar información útil, sino también la honestidad intencional tanto de quien realiza como de quien publica esos trabajos. Pero antes de esta discusión en España, ya se habían hecho recientemente muy mediáticos cuestionamientos profundos -y muy bien dirigidos- de la honestidad de un gran grupo de científicos sociales: los economistas. Más concretamente, la de los abanderados de la disciplina económica. Una imagen apoteósica fue aquella titubeante cara de póker de Frederic Mishkin, profesor en Columbia, cuando era preguntado en Inside Job sobre sus plausibles conflictos de interés en sus publicaciones.

El punto central de esta argumentación es que no solo existe el riesgo de que el trabajo científico pueda ser utilizado por agentes ‘externos’ a él con intereses concretos. No se trata solo de que existan “listos útiles”. También, es el propio productor quien utiliza su estatus científico con intereses deshonestos: véase, para hacer la pelota a alguien, para estar cerca del poder, para mandar él o para hacer negocios propios.

Y si bien esta problemática pudiera parecer a alguien una novedad, la historiografía está repleta de ejemplos que detraen ese carácter novedoso a la deshonestidad científica. Voy a contar uno de ellos.

Deuda pública: buitre no come alpiste. Tampoco hace dos siglos. 

En 2010, un pleito entre el Estado Argentino y un fondo de inversión libre (léase, fondo buitre) que había invertido en deuda argentina se resolvió a favor de este último en un tribunal de los Estados Unidos. Provocaba así que la República de Argentina entrara técnicamente en situación de impago en 2014. El fondo basó parte de su defensa en una cláusula contractual, conocida como pari passu, que fue interpretada por el juez estadounidense de una forma que concedía al fondo de inversión el derecho para recuperar su dinero, pese a no haber participado del plan de restructuración de la deuda del gobierno argentino, en condiciones proporcionales a aquellos que sí habían participado en la reestructuración. Como no quiero perder al lector en los detalles del caso, recomiendo esta serie interesantísima en el Financial Times al respecto.

Una cláusula en un contrato de deuda, dos palabras, una pequeña frase, hicieron que todos los esfuerzos de Argentina para resolver el problema de su deuda se vieran puestos en entredicho por unos buitres que, parafraseando a Robe Iniesta, no comen alpiste, sino que se alimentan de deudores en apuros. Con esa historia de fondo me interesé, para mi tesis del Máster, por el origen de esa cláusula y por los medios -digamos, las tecnologías- que tenían los inversores a disposición para ‘obligar’ a los estados a pagar, más allá de las teorías del auto-convencimiento, en la línea de la literatura económica sobre los costes del default. Y así es como llegué a una historia fascinante en la que buitres, caníbales, exploradores, intereses imperiales y deshonestidad científica convergen.

De bonos soberanos, caníbales y tibias inglesas

El punto de partida de esta historia es un préstamo concedido a Bolivia en 1872 en Londres. Los bonos derivados de este préstamo cotizaron en la Bolsa de Londres hasta 1880. En su prospecto, contenían lo que la “paleontología legal” ha considerado como la primera cláusula pari passu vista en la historia.

El promotor de todo el tinglado fue un tal George Earl Church, un ingeniero estadounidense… y geógrafo…y explorador…y antropólogo… muy bien conectado con las sociedades científicas británicas (learned societies) y con alguno de los más prominentes líderes del cártel de inversores que controlaba el mercado de la deuda soberana emitida en Londres. Church quería abrir una ruta de navegación (y después de ferrocarril) que ligase Bolivia con el Atlántico a través del Amazonas. Para su proyecto, convenció al gobierno de Bolivia para que solicitase el préstamo, lo que “iba a facilitar su concesión”, previa reserva de los derechos de navegación y aduana para Church. Así es como un proyecto privado pretendía ser financiado a través de la emisión de deuda pública.

Ocho años después de la concesión del préstamo, las obras casi ni habían empezado y gran parte del dinero se había esfumado. Evidentemente, quedó en los bolsillos de Church, de sus colegas y del banquero que emitió el préstamo, Émile d’Erlanger. (Por cierto, fue este banquero quien recuperó las pinturas negras de Goya, porque le gustaba tanto el arte que quería venderlas en París). Obviamente, alguno en el Gobierno de Bolivia también sacó tajada, los “Gómez de la Serna” tampoco son novedad.

De forma muy relevante, George E. Church no solo se sirvió de planos de ingeniería para montar un proyecto fantasma. También utilizó sus estudios en Geografía y sus diarios de explorador -¡su prestigio científico!- para ganarse el favor de Bolivia. Este éxito le llevó en volandas a ocupar un asiento en la Royal Geographical Society de Londres.

Sin embargo, los saberes científicos de Church no fueron los únicos que entraron en juego en esta historia. En todo el tiempo que duró el proyecto hasta que fracasó definitivamente en 1880, se publicaron más estudios de ingeniería y, destacadamente, estudios antropológicos sobre las áreas donde el proyecto se “estaba desarrollando”.

En esos estudios se narraban los peligros a los que se debían enfrentar los constructores: unas tribus caníbales que fabricaban flautas artesanales con tibias inglesas. Estos peligros restaban credibilidad al proyecto y, con ello, provocaban fluctuaciones enormes en la cotización del bono boliviano en la Bolsa de Londres. Bolivia había dejado de pagar la deuda cuatro años después de su emisión y los inversores estaban muy interesados en desacreditar las obras y hacer visible que se trataba de una estafa porque, tras un acuerdo con el gobierno boliviano, apostaron toda la recuperación de su dinero a la apertura de un fondo fiduciario que había sido creado con parte del dinero del préstamo. El fondo estaba condicionado al éxito del proyecto por lo que, si fracasaba, se abriría. Por el acuerdo, Bolivia renunciaba a mostrar interés por el dinero existente en ese fondo y los inversores podrían recuperarlo. Ya solo hacía falta destruir la fama del proyecto. Curiosamente, esta fue una tecnología legal bastante innovadora en el mercado de deuda soberana que daba la vuelta a la tortilla a la socialización del riesgo que Church había inteligentemente diseñado.

Los especuladores también tenían muchísimo interés en sembrar dudas sobre las obras. El hecho de que el bono boliviano reaccionase en el mercado de deuda, no a la credibilidad de Bolivia, sino a cada acontecimiento -o publicación científica- que hiciera dudar sobre la realización de las obras, daba pie o alas a los buitres. Unos meses después de la publicación del estudio antropológico* que describía a las tribus flautistas, la cotización del bono boliviano en la Bolsa de Londres se desplomaba. Los ávidos inversores utilizaron esos trabajos para denunciar pública y judicialmente la inviabilidad del proyecto. Cuantas más dudas se generasen, más dudas entrarían a los jueces que tuvieran que decidir. Cuando finalmente se resolvió el caso en los tribunales ingleses, la cotización del bono llegaba a ser tres veces superior a su mínimo. El margen de ganancia fue, en definitiva, enorme.

Un sistema de criminalidad organizada en traje, corbata y sombrero de copa

¿Hasta qué punto eran verídicos y honestos los informes científicos que instalaban el ‘pánico’ en la Bolsa de Londres? ¿Y los que permitieron emitir el préstamo? ¿Hasta qué punto los especuladores utilizaban la producción científica de forma interesada? A estas preguntas y alguna más da respuesta el nuevo libro de mi profesor y mentor, Marc Flandreau**: Anthropologists in the Stock Exchange: A Financial History of Victorian Science

Flandreau narra una historia del siglo XIX en la que los trabajos científicos, concretamente en Antropología, se mueve al compás de los impulsos de la Bolsa de Londres. Los especuladores, reconvertidos a antropólogos, o viceversa, conseguían hacerse inmensamente ricos y, además, ser celebrados en las sociedades científicas londinenses. Se generaban trabajos, en muchos casos, en función de las posibilidades de ganancia en la inversión en valores que cotizaban en la Bolsa de Londres. George E. Church sería, en este sentido, un ejemplo paradigmático de científico y especulador en la red de criminalidad de “cuello blanco” tan extendida en la Inglaterra del diecinueve.

El imperio de la “otredad

Sin embargo, este sistema fraudulento más o menos generalizado probablemente no habría tenido el carácter tentacular que tuvo si no hubiera sido por el gran servicio que, al mismo tiempo, hacía a la expansión del Imperio Británico y, en buena medida, a lo que se denomina imperio informal. Más allá del muy evidente control territorial logrado mediante el racismo institucionalizado –“probado” científicamente– que conformó las fronteras del Imperio (con Cecil Rhodes y su campaña en África como quintaesencia de esta institucionalización), los relatos sobre la inferioridad institucional y el salvajismo de los otros justificaban también la intervención británica allá donde las posibilidades de negocio eran grandes pero donde era necesaria cierta “disciplina” previa. En el archivo histórico de la Oficina de Exteriores británica se pueden encontrar citas muy interesantes sobre el rol que quisieron asumir los británicos, por ejemplo, en Grecia o en México durante el siglo XIX.

Si pensamos por un segundo en todo lo que ha hecho posible la “inmolación de Grecia” por parte de los poderes institucionales europeos, científicamente fundamentada en los trabajos producidos por, entre tantos otros, el Fondo Monetario Internacional, los procesos no difieren en demasía de la narrativa histórica que contamos en este artículo. Las teorías del atraso institucional de los denominados PIGS de Europa, ratificadas científicamente, no solo esclerotizan a nuestras sociedades sino que, al hacerlo, lubrican la hipótesis de una intervención externa de los unos que llegarían, con la legitimidad de quien se reconoce superior, para imponer la disciplina debida y sus instituciones sobre los otros.

Un alegato

La producción científica al servicio de intereses espurios, muy fuera de los límites de la contribución al conocimiento y de la producción de información relevante sobre el mundo que nos rodea y al que rodeamos, se nos revela hoy en día como un auténtico problema al que podemos hacer frente. Este artículo puede ser leído como un alegato a la honestidad científica y a la lealtad hacia el saber. O un alegato contra la corrupción de los saberes. Pero también puede ser leído como una llamada de atención al lector, para que se cuestione desde la primera hasta la última línea de este texto.

*En esta historia no prejuzgo la honestidad del trabajo antropológico que cito. Si bien fue utilizado por los acreedores como base de sus ataques contra Church, también el propio Church lo había utilizado para justificar su proyecto.

**Agradezco a Marc Flandreau haberme enseñado a tener curiosidad y la mirada crítica o, como diría Sabina, a aprender que lo que uno sabe del pecado, lo tiene que buscar.

Alberto Gamboa es candidato a Doctorado en Historia y Economía por el Graduate Institute of International and Development Studies, en Ginebra (Suiza) y colaborador para el proyecto de investigación en Historia Economía MACROHIST.