El racistas e imperialista Winston Churchill elevado a la categoría de salvador de la democracia por una historiografía liberal-conservadora que no difiere tanto de los demonizados neo-franquistas españoles.

Hace unas semanas Santos Juliá escribió una columna en El País contra el libro ‘1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular’ de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa por la inmerecida atención que había recibido el trabajo de dichos historiadores en los periódicos conservadores y, especialmente, por sus declaraciones denunciando la parcialidad de la historiografía española que silenciaba las investigaciones sobre la poca cultura democrática de la izquierda española de entreguerras. Independientemente de esta polémica, el libro pretendía encontrar el argumento definitivo, la manipulación electoral de las elecciones de febrero de 1936, que justificaría el golpe de Estado contra la República a modo de historiografía legitimadora de las acciones políticas. Sin embargo, nuestro trabajo no es encontrar pruebas incontestables o una smoking gun que dé la razón y exonere de toda culpa o responsabilidad a los actores históricos, sino, más bien, intentar comprender qué pasó con el mayor rigor posible sin que eso signifique justificar hechos que, por otra parte, sí merecen una valoración moral. Tarea, ciertamente, contradictoria en sí misma y que explica las tormentosas vicisitudes de nuestro gremio con el poder político.

Sirva esta introducción para advertir al lector que aquí no analizaremos dicho libro ni nos pronunciaremos sobre la cuestión particular de las elecciones de 1936, tema del que no soy experto, sino que intentaremos explicar qué ocurre actualmente en la historiografía española, qué corrientes se han creado, cuáles son los puntos en disputa y, más importante, por qué nuestro papel en la esfera pública es, sinceramente, muy mejorable.

En un primer momento, sería fácil encasillar a Manuel Álvarez Tardío como un imitador de Pío Moa colocado en la Universidad Rey Juan Carlos por sus contactos con el Partido Popular, pero este ad hominem no sería del todo acertado. La mejor radiografía de este colegio invisible la ha hecho Ricardo Robledo en este artículo que, si bien destaca las conexiones de este pequeño grupo de historiadores académicos con el amateurismo de Pío Moa o César Vidal y su entorno mediático, también relata su surgimiento dentro del ámbito profesional con una voz propia y reconocida por el resto de colegas. En este sentido, Fernando del Rey de la Universidad Complutense de Madrid es su figura central y más prestigiosa, quien coordinó un monográfico de AYER, la revista de la Asociación de Historia Contemporánea Española, sobre la violencia política de entreguerras en 2012. Un número muy interesante, que merece leerse y que, pese las discrepancias que uno pueda tener, considero indispensable para construir un debate público inseparable de la democracia.

El problema, empero, es que estos debates rara vez discurren en igualdad de condiciones y es difícil que todas las voces puedan escucharse con la misma fuerza y amplitud. De hecho, yo conocí a Fernando del Rey en 2008, cuando fue invitado a un seminario organizado en mi departamento por, precisamente, historiadores vinculados al PSOE y partidarios de la historiografía del consenso del R78. En aquellos años, Santos Juliá hacía campaña contra la memoria histórica por sus motivaciones partidistas y suponer el fin de la historia científica, objetiva y profesional y, por esas mismas razones, alguien como Fernando del Rey resultaba interesante y merecía ser escuchado con atención. Como ya he explicado aquí, fue en aquella charla cuando intenté debatir tanto con Fernando del Rey y los historiadores del PSOE de una forma adulta y con argumentos y descubrí que hablaba como Arnaldo Otegui. Fui señalado negativamente y expulsado del consenso invisible que traza el futuro de nuestras carreras académicas porque, por mi actitud inconformista e inquisitiva, soy del todo incapaz de decir lo correcto ante la gente correcta y, en consecuencia, carezco de las habilidades sociales necesarias para promocionar, aunque mis trabajos posteriores habrían sido imposibles si no llego a confrontar mis ideas con las suyas aquel día que me demostró cómo de indisolubles son los discursos políticos del presente de las corrientes historiográficas supuestamente neutrales.

De esta experiencia, surgió mi artículo mil veces citado aquí Neglecting the Nineteenth century y la consiguiente conferencia en Madrid divulgándolo. Ahí explico cómo se construyó la historiografía del consenso sobre la Guerra Civil como una fatalidad estructural, un error del sistema sin responsables debido al atraso de España y el fracaso de las revoluciones liberales. Esto se logró gracias a Juan José Linz Storch de Gracia, quien introdujo en España la Teoría de la Modernización para legitimar la dictadura franquista y, paradójicamente, sus tesis coincidían con el proyecto de Reconciliación Nacional del Partido Comunista de España que se fundamentaba en los trabajos del historiador Manuel Tuñón de Lara, quien también culpaba a las fracasadas revoluciones burguesas de ser el origen de la anomalía española y, en última instancia, los auténticos causantes de la Guerra Civil. De este modo, no había responsables, no había culpables, no había nada que discutir y ya podíamos pasar rápidamente a hacer una transición.

Sin embargo, los historiadores del siglo XIX empezamos a cuestionar la idea del fracaso de las revoluciones liberales decimonónicas, a descubrir que nuestros liberales triunfaron y fueron, de hecho, muy liberales. Este trabajo académico ha permanecido ignorado y marginado, porque la historiografía del consenso del R78 afirmaba que la Guerra Civil se debía a la falta de modernidad del país, de liberalismo de nuestra cultura, y, por lo tanto, no puede asumir nuestras contribuciones sin replantearse toda su interpretación del siglo XX español. Por el contrario, los círculos intelectuales de derechas, gracias a la labor desarrollada por José María Marco desde FAES, sí han incorporado y, en cierta medida, promocionado estos trabajos sobre el siglo XIX español. Ellos, al comprobar que los políticos de la Restauración española eran muy liberales, han empezado a argumentar que la anomalía debía de estar en la izquierda. La izquierda española carecía de la cultura cívica y liberal que atemperaría sus excesos revolucionarios y permitiría el funcionamiento de un sistema representativo. Por esa misma razón, como señala Ricardo Robledo en el artículo antes citado, chocan con la historiografía del consenso porque, al igual que los partidarios de la memoria histórica, sí quieren abrir el debate de las responsabilidades morales, sí quieren discutir de unos temas que han sido soterrados o tratados con ritual ecuanimidad para impedir las disputas desagradables.

Por lo tanto, la historiografía del consenso mantiene la Guerra Civil como un error del sistema que carece de responsables por el fracaso del liberalismo en España, mientras que la historiografía conservadora culpa a la izquierda por su falta de respeto al imperio de la ley. Ahora deberíamos preguntarnos qué dice la historiografía de izquierdas, pero descubriremos que no hay, que no hemos sido capaces de construir un relato alternativo a la historiografía del consenso del R78 y esto explica las críticas que Pablo Sánchez León lanzaba al cartel intelectual del R78.

Esta afirmación puede resultar sorprendente ante la explosión de estudios sobre la memoria histórica, pero, precisamente, se trata de relatos que reniegan de la capacidad heurística de la historia para entender el presente y se centran en un testimonio del yo que abjura de análisis estructuralistas. Surgidos en paralelo a los movimientos identificados con las identity politics, se encuentran extraordinariamente cómodos en la exaltación del dolor sufrido por el represaliado por su condición de víctima y, por eso mismo, son reacios a plantear el tema de las dinámicas de violencia política que pueden afectar a toda la sociedad. Sólo interesados por el dolor de los suyos y en su rehabilitación pública, al final, los condenan a ser víctimas eternas castigadas por las irrefrenables fuerzas de la reacción sin que podamos comprender cómo operaron aquellas fuerzas. Se produce un fenómeno similar al de las identity politics que, en su supuesta acción emancipadora, terminan transformando a los supuestos sujetos necesitados de emancipación en objetos de rituales públicos de autoafirmación del grupo mediante la identificación con el dolor pasado de los nuestros.

Esto no significa que estos mecanismos psicológicos estén mal o no sean necesarios, pero la historiografía de izquierdas no ha sido capaz de salir de estas reconfortantes prácticas. Además, la fragmentación de la disciplina en múltiples subáreas con sus indefinidos estudios culturales permite unos nichos inagotables de producción de papers que, ciertamente, son una opción sensata y apetecible para labrarse un rápido futuro profesional, aunque su contribución al conocimiento sea agotadoramente redundante. Por todo esto, cuando estas contribuciones deben trascender el ensimismamiento de ese yo postmoderno y trazar el devenir del todos no son capaces de decir nada y su voz es ocupada por la historiografía del consenso y su estructuralismo heredado de la Teoría de la Modernización. Del mismo modo, las investigaciones clásicas con su enfoque extraordinariamente empirista de un Ángel Viñas o Paul Preston tampoco cuestionan la historiografía del consenso y se insertan en ella, a pesar de los desajustes o las incomodidades que pueda producir. Hay desencajes, la máquina al explicar chirría y las incoherencias son cada vez más visibles, pero desde la izquierda no se ha construido una narrativa histórica capaz de explicar nuestro proceso de democratización que supere las limitaciones de la historiografía del consenso.

En realidad, este fracaso se debe a que no tenemos medios de resonancia, no tenemos audiencia y tampoco representamos una línea política programática por mucho que se nos pueda asociar a Podemos. No hay grupo ni línea de investigación, porque, precisamente, carecemos de todo lo anterior. No decimos nada que pueda interesar a alguien con poder y, por ende, no interesamos. Si la historiografía del consenso es consubstancial a todo el entramado intelectual de PRISA y a las instituciones oficiales, los conservadores tienen la red editorial paralela construida por el Partido Popular para disputar la hegemonía cultural de los socialistas: el resto, como no tenemos nada, estamos dispersos y en situaciones precarias intentando desarrollar investigaciones coherentes que no conducen profesionalmente a nada, porque no reproducimos tesis que sean de interés para los agentes políticos.

Por lo tanto, el periodo de la primera Restauración se estudia poco, porque hacerlo resulta problemático e incomodo, ya que lleva a cuestionarse nuestra actual segunda Restauración. Frente a la autocomplacencia del discurso historiográfico del R78 con nuestra actual democracia, comprender cómo fue el proceso de democratización que nos condujo a la Segunda República abre incómodos y desagradables interrogantes respecto de los paralelismos con nuestro presente que, paradójicamente, llevan a una confrontación intelectual con los historiadores conservadores del círculo de Fernando del Rey. En vez de silenciarlos como si fuesen locos nostálgicos del franquismo, se debe discutir con sus posiciones, porque ellos parten de una concepción de los regímenes representativos liberales como positivos por ser el orden social la prioridad del sistema. Esto significa que su capacidad para recoger las demandas de amplios sectores de la población, su carácter democrático, es totalmente secundario y, por el contrario, el principio de autoridad que defienden demuestra la tendencia autoritaria inherente a esta filosofía política. Discutir con ellos sobre el pasado es inevitablemente una confrontación sobre nuestro presente y la difícil relación entre dos tradiciones políticas como el liberalismo y la democracia que, a día de hoy, chocan de nuevo con vehemencia en la esfera pública. Este es, precisamente, el debate que la historiografía del consenso del R78 sostiene haberse resuelto gracias a la transición que nos igualó al resto de democracias avanzadas europeas como prueba científicamente la Teoría de la Modernización.

No obstante, este debate no se producirá, porque, irremediablemente, llevaría al temido escenario para Podemos de tener que plantear una ruptura del R78 al comprobar que hay posturas irreconciliables. Si el consenso no es posible, se llega a una ruptura y esa es la obvia verdad que produce escalofríos al recordarnos nuestro pasado traumático. Esa es la verdad que los historiadores no podemos sostener porque es desagradable y debemos pergueñar innumerables justificaciones estructurales ad hoc que enmarañen la comprensión del pasado. Esta falta de madurez para confrontarnos con nuestro violento pasado, tan palmaria en el deleznable e infantil culto a Santiago Carrillo como prócer de la democracia que profesó la izquierda española hasta que Paul Preston tuvo el pudor y la decencia de escribir la biografía que nadie se atrevía a acometer, impide que la labor de los historiadores o de los políticos pueda desarrollarse en un contexto de debate abierto y crítica honesta, porque los tabúes implícitos y explícitos lo circundan todo.

De igual modo, paraliza a un partido como Podemos que, como ha señalado recientemente Ricardo Robledo, ha decidido reencarnarse en el Partido Comunista Español y levantar el estandarte de Tuñón de Lara: el atraso español como anomalía histórica por culpa de un bloque de poder aristocrático vuelve a explicar nuestros males. Suponemos que, en breve, más Europa será la solución para la crisis según Podemos. Sin embargo, todo esto no es ninguna particularidad histórica hispánica: la Unión Europea se ha construido mediante la mentira sistemática sobre su pasado traumático al igual que los Estados Unidos de América.