El General Belenguer, responsable de la dictablanda que sucedió a la de Primo de Rivera. Confiemos en que su torpeza sea superada por Mariano Rajoy Brey.

Una de las tradiciones políticas que conforman el actual Partido Popular es el liberalismo doctrinario que caracterizó a los auténticos fundadores del Estado Español: el moderantismo y su Constitución de 1845. Los moderados tenían un concepto de orden público que negaba la misma existencia de una ciudadanía activa capaz de ejercer derechos políticos (al respecto véase este capítulo de monografía de servidor) y entendía la autoridad política como una especie de autoridad académica que, sin necesidad de recurrir a la violencia física, impondría la cordura como buen profesor de universidad si los estudiantes osaban ponerse revoltosos (de nuevo, un paper de servidor en una revista de impacto de esas). Esto significa que los moderados negaban la misma posibilidad de la lucha política, porque consideraban que desgarraba a la sociedad y la conducía al enfrentamiento civil, al mismo tiempo que estaban convencidos de que su Razón era la correcta y la legítima, comprensible y aceptada por todos, y, en consecuencia, perfecta en sí misma y fácilmente trasladable a unas leyes que sólo debían ser obedecidas para garantizar una paz social armoniosa.

Sin embargo, esto, en un principio, no era equiparable a un régimen autoritario y era un gran avance en comparación con los planteamientos de los sectores reaccionarios. Los moderados negaban la voz a los discrepantes, pero los reaccionarios les negaban el mismo derecho a existir. Había un orden civil, si bien la política era el simple acto de administrar, de aprobar leyes certeras que no necesitaban discutirse en la esfera pública, porque todo debate público era el primer paso hacia la rebeldía organizada o la agitación.

En este sentido, Mariano Rajoy es un pleno deudor de esta cultura política y con Catalunya ha intentado obrar como un moderado: negando cualquier posibilidad al espacio de la discusión política, cualquier margen para el acuerdo político, porque no cabía en la Ley, en la Constitución Española, un texto perfecto en sí mismo, irreformable e incuestionable a día de hoy. Esta interpretación, empero, tampoco es la más acertada sobre nuestra constitución que, pese sus muchas limitaciones y carencias, recoge un instrumento político para tratar el conflicto de legitimidades entre instituciones que se ha disparado: el famoso artículo 155.

En contra de la opinión general que equipara esta disposición con la suspensión automática de la autonomía y mandar tanques a las calles, el 155 es un artículo breve y genérico que concede una gran amplitud de maniobra al gobierno para que pueda modular su respuesta. De hecho, es el mecanismo político propio de la CE para atajar este tipo de problemas y eso significa que su aplicación exige reconocer la existencia de un problema político que demanda una solución política. Para aplicarlo, el representante de la institución díscola debe ser requerido a obedecer el mandato del gobierno central y éste tiene derecho a exponer las razones que le llevan a tal desobediencia. Seguidamente, el Gobierno debe lograr la mayoría absoluta del Senado, trámite que obliga a la discusión del objeto de disputa, y luego proceder a suspender o sustituir cargos electos sin que dicho proceso esté especificado o haya protocolo alguno de actuación. No obstante, nada de todo esto supone una figura penal ni que los actores puestos en entredicho deban sufrir pena o imputación por nada. Sólo tras aplicar el 155, los representantes díscolos que no obedecieran el mandato del gobierno central podrían ser considerados como rebeldes y su negativa incurrir en el ámbito penal. Hasta la desobediencia del artículo 155, todo entra dentro del juego político como es propio en cualquier sistema democrático cuyo normal funcionamiento, precisamente, provoca en numerosas ocasiones el choque frontal entre instituciones legítimas. Todo esto, en vez de terrible, sería muy adulto, maduro y responsable.

Sin embargo, todo esto significaría reconocer la existencia de un problema político, sería asumir que el gobierno toma decisiones políticas que la oposición no comparte, que le pueden producir un coste, al mismo tiempo que para compensar exigiría abrir un canal de negociación con los disidentes para hacer concesiones. Aplicar el 155 sería tan extraordinario que demandaría hacer alguna concesión de cara a la galería sí o sí.

Por el contrario, el gobierno, con la cobardía propia de quienes siempre han sido unos privilegiados que jamás han tenido que afrontar disyuntivas vitales, ha optado por escudarse detrás del Tribunal Constitucional. Como buenos moderados, han querido negar la política y presentarse como meros ejecutores del mandato de la Ley. El gobierno ha hecho dejación de sus funciones a favor del TC y lo ha colocado en una situación del todo insostenible. El TC se ha transformado en martillo del gobierno en la práctica, ha ampliado sus funciones a una especie de tribunal preventivo de orden público que debe dictar disposiciones urgentes y ad hoc para dar cobertura legal a las actuaciones discrecionales de fiscales, jueces y policías. No solo es un papel impropio de un TC, es la misma negación de sus funciones. En la actualidad, aprobar una ley inconstitucional se ha transformado en un delito penal, a pesar de que nadie puede aprobar una ley inconstitucional antes de que el TC la declare inconstitucional y la prevaricación, en ese supuesto, es del todo insostenible. El ejercicio de la política recae, a día de hoy en España, en el campo penal gracias a más de 10 años de forzar y retorcer el TC hasta extremos que ya no puede aguantar. El choque de instituciones ya es irreversible y, a pesar de que ahora nos encontramos más en la fase de control de daños, sean cuáles sean estos, las posibilidades de que la CE sobreviva a esto son más limitadas de lo que podemos imaginar en estos momentos. El PSOE y Podemos se encontrarán ahora desubicados y en silencio, pero no podrán sumarse a la deriva tomada por el PP y, todo esto, sin entrar a valorar cómo se defenderá este desaguisado jurídico ante las instituciones europeas.

Es más, con la actual inercia que llevan los trenes a punto de chocar, el gobierno central ya no puede hacer marcha atrás. Está condenado a seguir en una escalada del conflicto absurda que lo coloca en una situación más frágil. No pueden tolerar que se produzca el referéndum bajo ningún concepto, porque las instituciones catalanas ya se han declarado rebeldes y han iniciado su propio proceso constituyente. Si no paran el referéndum, que es, probablemente, uno de los órdagos más difíciles que deben afrontar las nuevas instituciones, se hace difícil ver cómo serán capaces de parar otras medidas legislativas y administrativas mucho más fáciles de implementar. El hecho cierto es que Catalunya con su amplia autonomía es casi un Estado y, por lo tanto, evolucionar pacíficamente hacia la consecución de una plena soberanía es bastante más fácil de lo que nos imaginamos. La única carta disponible para el Gobierno central es intentar cortar todos los fondos a Catalunya y provocar una crisis financiera o colapso institucional. Esta medida, el auténtico botón rojo nuclear, pondría a la propia España en una situación todavía más vulnerable y provocaría unas tensiones en el Euro que se hace imposible de imaginar que fuesen del agrado de Alemania.

Por todo esto, el Gobierno Central ha cavado su propia tumba al negarse a tomar las medidas políticas que la CE ponía a su disposición para solventar esta clase de conflictos y se ha atado las manos a los procedimientos y actuaciones de la justicia ordinaria que son del todo inútiles ante esta situación. Tarde o temprano, deberá improvisar una aplicación del 155 de urgencia, incompetente y drástica, que terminará por ser la puntilla de una CE que, pese a la aprobación con nocturnidad y alevosía del 135, ya no es capaz de sostenerlo todo. Detalles que, por otra parte, son del todo conocidos por el gobierno catalán que sabe que su margen de maniobra y negociación en este embrollo es extraordinariamente amplio. El PP, por el contrario, se ha atado mal a la CE y se ha arrojado al vacío para salvar no se sabe qué. Han suicidado el R78, literalmente.